Concepto de Debido Proceso

El debido proceso, es un fundamento legal por el cual, el Estado debe asegurar los derechos legales que tiene una persona según la ley, es una disposición jurídico procesal, donde el individuo tiene derecho a ciertas garantías sucintas que respaldan un desenlace justo en el proceso, a demandar la oportunidad de ser oído y de expresar su intención frente al juez. El debido proceso determina que el gobierno está sujeto a las leyes del país que protegen a las personas del Estado.

El Debido Proceso

Los postulados del derecho, son leyes normativas que, más allá de no añadir de manera legal un reglamento jurídico, apuntan a la estructura, al argumento e implementación de normas. Los legisladores, especialistas y jueces se basan en estos principios para interpretar las leyes y para integrar los derechos. El debido proceso, en este ámbito, es el principio que asegura que cada persona cuente con las garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea equitativo, mediante el debido proceso, la persona logra hacerse escuchar ante un juez.

Debe comprenderse como una manifestación del Estado que intenta proteger a las personas, ante las acciones de las autoridades públicas, buscando en todo momento acatar las formas referidas de cada juicio y cuando el gobierno perjudica a una persona sin respetar cabalmente el curso de la ley, perpetra una violación del debido proceso, lo que infringe el precepto de la ley. Así tenemos que, las posiciones de polémicas que surjan de cualquier clase de procedimiento, adolecen de la coordinación jurídica previa, que coarte los poderes del Estado y determinen la obediencia de los derechos y deberes de los sujetos procesales.

De tal forma que, ninguna acción de la autoridad dependa de su mediador, sino que se hallen sujetas a los métodos estipulados en la ley o los ordenamientos; las acciones e intervenciones de autoridades comisionadas, deben adaptarse no sólo al reglamento jurídico legal, sino a los mandatos constitucionales. Se busca asegurar el adecuado ejercicio de la administración pública, mediante la realización de actos legales que no sean arbitrarios y por supuesto, contrarios a los preceptos del Estado de derecho. Ello en razón de que, toda jerarquía tiene sus jurisdicciones establecidas dentro del reglamento jurídico y debe ejercitar, sus labores con sujeción al fundamento de legalidad, para que los derechos e intereses de los procesados obtengan el respaldo de la defensa necesaria ante fortuitas actuaciones arbitrarias.

Generalmente, el debido proceso se enlaza con el respeto de los derechos del individuo
que, en el contexto del proceso judicial, puede pasar de inculpado a acusado, luego procesado y conclusivamente condenado. Todos los modos que llevan a la penalización, deben coincidir con la reglamentación y tienen que efectuarse asegurando el debido proceso. Si este se incumple, puede implementarse una condena injusta u opuesta a la ley, en dicha noción funcional se observan dos vertientes: una secuencial y otra básica, intrínseca o material.

Dentro del alcance del debido proceso en Venezuela, puede observarse una serie de garantías que son interpretadas por una cantidad de derechos para el acusado: el derecho a adherirse a la justicia, el derecho a ser escuchado, el derecho a la estructuración de un debido proceso, el acceso a recursos legales mediante un tribunal habilitado, autónomo y equitativo, derecho al logro de una decisión de base, derecho a un debido proceso sin demoras injustas, derecho a una de sentencia justa, entre otros.

Asimismo, manifiesta la necesidad del debido proceso, como mecanismo que proporciona el derecho a la defensa y permite un amparo judicial efectivo. El derecho a contar con un defensor legal, el derecho a un juez capacitado y el derecho a declarar en lengua matriz, contando con un intérprete en caso de ser necesario; y si el procesado no está de acuerdo con el dictamen, porque afecta sus intereses, tiene derecho a disponer de los recursos que correspondan, a fin de obtener su revocación o modificación.