Concepto de Relación de los Comuneros Frente a Terceros

La rama del derecho considera que, una comunidad se constituye legalmente al existir dos o más sujetos de derecho (comuneros), que poseen una facultad de naturaleza jurídica similar, sobre la universalidad de una misma cosa común u objeto. La comunidad puede conformarse de varias maneras, salvo que se faciliten en ellas los bienes inmuebles o derechos reales, en cuya situación será inevitable una transcripción oficial.

Relación de los Comuneros Frente a Terceros

Una situación de comunidad, determina un conjunto de vínculos jurídicos entre comuneros.
Mediante el estudio constitutivo de las relaciones jurídicas que deben existir en las comunidades, se estableció su regulación en el código civil, su naturaleza jurídica, principios, su inicio y disolución, el sistema jurídico de la comunidad en razón a la cosa común y con respecto a la relación de los comuneros frente a terceros y/o acreedores, así como también la incorporación a las ordenanzas venezolanas de las distintas disposiciones que dictaminan su vigencia y legalidad, a través de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

En atención a ello, si uno o un grupo de comuneros establecen un contrato con terceros, los derechos y deberes que resulten, no corresponderán en cualquiera que fuera el caso a la comunidad como tal, ya que la misma adolece de identidad jurídica y por tal motivo afectará al comunero o a los comuneros contratantes entendiéndose que, en ese caso, no es evidente la solidaridad entre los partícipes, excepto de que pacten de forma expresa. Resulta notorio además que, cuando un comunero procede en nombre propio y en ejercicio de la representación que otros le han otorgado, el convenio se considera celebrado tanto por el comunero que actúa en nombre propio como por los comuneros representados.

En el mismo orden de ideas, los legisladores han habilitado una defensa en cuanto a los intereses de terceros o acreedores, quienes podrían resultar perjudicados en una división, implementando para ello ciertos derechos en esta materia:

En el Código Civil encontramos el siguiente artículo:

  • Artículo 766: "Los acreedores de un comunero pueden declarar su desacuerdo a que se ejecute la división sin su participación y pueden oponerse a su valía; pero no pueden rechazar una división realizada, salvo que se haya consumado un fraude o de que la división se haya llevado a cabo, aun habiéndose manifestado su formal rechazo e irrespetando el ejercicio de sus derechos”.

En razón del artículo anterior, los acreedores pueden participar e impugnar la división de la cosa en común y oponerse a que se realice dicha división sin su intervención, en virtud de hacer valer sus facultades; siempre que las mismas no se hayan reformado; o sea este derecho no influirá en la división efectuada, excepto que se demuestre que hubo un engaño (trampa, fraude) o que se efectuó la división, aun cuando se había presentado la impugnación formal de la parte interesada y en cuyo caso podrán refutarla.

Como una contradicción a lo antes mencionado, el comunero puede hacer que se interrumpa o detenga esa corta participación, entregando al acreedor una fianza o caución idónea. No obstante, puede que persista la probabilidad de que el acreedor impugne la intervención una vez terminada, en la oportunidad de que se compruebe el fraude, tal sería la situación del hecho ejecutado por el comunero en fraude a los derechos de sus acreedores; que en dicho antecedente, el acreedor podrá implementar la Acción Pauliana (procedimiento jurídico que permite a los acreedores obtener la anulación de los actos fraudulentos del deudor) con el objeto de que se revoque tal acción.