Concepto de Legislación Minera y Petrolera

La legislación minera contempla para las industrias en desarrollo, los reglamentos fiscales indispensables que garantizan a los inversionistas un nivel de utilidades aceptables, mediante la implementación de políticas equilibradas jurídicamente regidas por reglas razonables y equitativas que estimulan la inversión de capitales y tecnologías extranjeras. Siendo la industria minera-petrolera una de las fuentes más importantes de desarrollo económico que actualmente se distingue por su elevada participación en el mercado internacional de minerales e hidrocarburos.

Legislación Minera y Petrolera

Está comprobado que, en el caso de Venezuela la situación es muy controvertida, ya que el origen del capital y de los bienes implicados han sido el fundamento esencial para que los gobiernos se decidieron a aplicar medidas de restricción que han contribuido en gran parte al desestimulo inversionista y al fortalecimiento de una explotación minería ilegal, lo que viene atentando perjudicialmente contra la expansión del campo minero.

A partir del año 1990, los problemas del área minera fueron agrupados en estudios y expuestos en publicaciones de opinión, talleres, debates, congresos, etc. En los cuales se hacía hincapié primordialmente en el desestimulo de los inversionistas, en su alto peso impositivo, así como también en la ausencia de políticas de Estado que incentivaran la inyección del capital requerido y por supuesto el aumento de la producción en ese campo. Es así, que prácticamente hasta la publicación oficial de la Ley de Minas del año 1999, el ejercicio minero fue regulado por la Ley de Minas del año 1945, totalmente distanciada de la realidad económica y tecnológica de una nación como Venezuela, ya casi en pleno siglo XXI.

El fundamento básico que controla el ejercicio minero es la propiedad de la mina, en tal sentido se debe determinar quién es el propietario original
, lo que constituye el punto de inicio de la correlación jurídica, donde se asigna el derecho de propiedad entre los demandantes, dentro de los que se pueden encontrar el Rey o el Estado, el dueño de un terreno, su primer habitante o su descubridor. En consecuencia se procede a registrar legalmente la propiedad, etapa mediante la cual se deja establecido el nombre del dueño y las condiciones legales para la excavación de la mina. Desde 1998 se señala que dentro el derecho de propiedad existen los siguientes parámetros:

  • El reglamento de accesión: la propiedad del terreno engloba todo aquello que se encuentre debajo del mismo, ya que la mina es un lugar anexo de la superficie.
  • El reglamento de ocupación: la propiedad de los minerales le corresponderá a su descubridor o a su primer ocupante, ya que la mina es apreciada como una cosa diferente a la propiedad del terreno y es, naturalmente algo que no le pertenece a una persona o a un individuo determinado.
  • La legalidad regalista: las minas son consideradas propiedad del Estado, quien tiene el derecho y la responsabilidad de otorgarlas en concesión al que exponga su voluntad y cumpla con las normativas establecidas por la ley, lo que constituye una autorización forzosa.
  • La legalidad de dominio: las minas pertenecen al Estado, quien tiene la facultad legal para explotarlas de forma directa e igualmente la potestad de facilitar los permisos bien sea aceptando, rechazando o condicionando las solicitudes que se le presenten, lo cual es definido como una concesión potestativa.

En el marco de la explotación de recursos petroleros, el sistema jurídico que lo regula desde su inicio ha sido promulgado dentro de un lineamiento legal en el cual el Estado es el propietario del reservorio, cualquiera que sea su naturaleza de origen y es irrelevante que las tierras en el cual esté ubicado sean propiedad de personas naturales o jurídicas. Exceptuando el lapso de tiempo comprendido entre la promulgación de la Constitución Federal el 22 de Abril de 1864 y la aprobada el 27 de abril de 1881. Durante ese periodo, la posesión y manejo administrativo de los yacimientos se estableció en las provincias o estados.