Concepto de Licitud de la Prueba

La licitud de la prueba es el llamado principio de legalidad de la prueba el cual es un requerimiento intrínseco de la acción probatoria y consiste en que únicamente son aceptables como medios de prueba aquellos cuyo proceso se haya generado conforme a las normas de la legislación judicial y de los acuerdos internacionales de los derechos humanos.

Licitud de la Prueba

El principio de legalidad de la prueba es una barrera que fundan las sociedades democráticas frente a aquellos desvíos del poder penal del Estado y es un requerimiento básicamente dirigido a los funcionarios públicos que se ocupan de la persecución penal.

La legalidad en la producción de la prueba incluye dos aspectos principales como son, primeramente, el aspecto formal o directo, que consiste en el desempeño de las formalidades concretas fijadas por la norma procesal o por normas especiales para la obtención de la demostración o fuente de prueba.
Centralmente los requisitos formales o directos, está representada en el control judicial, plasmado en la autorización judicial requerida por la ley como paso antepuesto de legalidad de la acción indagatoria, la cual debe ser exigida por el Ministerio Público o al ente de Policía en caso de necesidad y urgencia, además, con previa permisión del Fiscal del Ministerio Público que lleve la investigación penal, para la ejecución del trámite de investigación y hacer eficaz: registros, investigaciones, apropiación de correspondencia, grabaciones ambientales, comunicaciones telefónicas, entre otras.

Estos requerimientos están relatados a la necesidad y convenio en la ley de registros, interceptación de correspondencia, allanamientos, comunicaciones telefónicas, o grabaciones directas de individuos, o a la representación de testigos instrumentales equitativos o del incriminado y su abogado, allí donde sea viable. En este caso, se supone que están frente al llamado aspecto formal o directo del principio de legalidad en el proceso de la prueba.

De allí parte la demostración de la injusticia formal de la prueba, es relativamente sencillo, debido a que las autoridades de investigación punitiva, que son las receptoras de los requisitos legales, deben consignar necesariamente en las actuaciones las actas y documentos, de los cuales podrá considerarse el desempeño o no de los requerimientos de ley.

Dichos requisitos formales, para la licitud de la prueba, componen una limitación instituida a la actuación de los entes de investigación e imputación a favor de la persona, por lo cual estas normas, son normas de libertad que responden al denominado principio de "favor regulae".