Concepto de Sistema Judicial Constitucional

El sistema judicial constitucional es practicado mayormente en los países por el Tribunal Supremo de Justicia y otros, que se subdividen en Cortes de Apelaciones, Tribunales Superiores entre otros, esto se basa en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se dice que el Tribunal Supremo de Justicia, es el máximo tribunal. El mismo se encuentra formado por 32 magistrados. El magistrado presidente será un órgano de la Junta Directiva, que estará conformado por el Presidente o Presidenta de cada una de las Salas.

Sistema Judicial Constitucional

Es importante mencionar que lo que caracteriza principalmente al sistema judicial constitucional dentro del esquema de los tres poderes clásicos es la determinación exclusiva de su función. Precisando de una vez, el poder legislativo y el poder ejecutivo intercalan a la función que les da nombre toda una sucesión de funciones adicionales, algunas de las cuales han alcanzado a ser más significativas, como en el caso de los gobiernos, que la función procedente. Pero el sistema judicial sigue practicando solamente su función propia -la función judicial- y, correlativamente -y esto es lo más sustancial- sólo él puede practicar dicha función. Por eso se trata de un dominio clave en la teoría de ausencia de poderes, de tal forma que si se tuviera que quedar solamente con la quintaesencia de la separación de poderes se concluiría obligatoriamente en la afirmación de que la clave de la misma, reside en la presencia de un sistema judicial autónomo. Por ejemplo, si en un país hay realmente un sistema judicial independiente se puede decir que hay separación de poderes por muchas que sean las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo como resultado de la organización entre poderes procedente de la existencia de los partidos políticos.

Es evidente entonces, que el sistema judicial constitucional es un poder del Estado que tiene la peculiaridad de que no se practica por un solo órgano, o por más de uno como sucede en los casos de los parlamentos bicamerales, sino por una composición de órganos porque pertenece a todos y cada uno de los jueces y tribunales cuando están practicando la función jurisdiccional, que reside en emplear el Derecho a los casos determinados que tienen que procesar. La potestad jurisdiccional es un mecanismo formidable de poder porque supone crear medidas sobre la aplicación del Derecho a casos precisos, sentencias que suponen el ejercicio de un trabajo irrevocable para los otros poderes del Estado. Es decir, los demás poderes del Estado se deben someter a las decisiones jurisdiccionales, tanto si las comparten como si no. Ciertamente, en el seno del sistema judicial esa autoridad está sometida a categóricos elementos de intervención (recursos) y las decisiones judiciales no son concluyentes hasta que poseen el valor de cosa juzgada, es decir, hasta que son inevitables. Pero ello lleva a que, al final, siempre existe una decisión definitiva que no es anulable por ninguno de los otros poderes del Estado que no tienen más remedio que obedecer las sentencias de los tribunales.

Resulta oportuno mencionar que según la teoría clásica de Montesquieu de la separación de poderes, que diferencia entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, el fraccionamiento avala la libertad del ciudadano. Montesquieu, formó su teoría después de un viaje que realizó a Inglaterra en donde descifró que un sistema judicial autónomo puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Bajo esta separación de poderes, aparece el llamado estado de derecho, en el cual los poderes públicos están equivalentemente sometidos al mando de la ley. El sistema judicial debe ser autónomo para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos quebranten el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de crear efectivo la idea del Derecho como mecanismo regulador de la vida social.